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Artículo de opinión de Alek Boyd publicado en El País. Corría el año 2005. La sociedad venezolana estaba aún recuperándose del trauma del paro, luego del golpe, y finalmente el referendo revocatorio del 2004, la jugada maestra de Hugo Chávez. El caudillo, atornillado en la presidencia y con el poder casi absoluto en sus manos, se aprestaba a dar el siguiente asalto electoral: tomar el control de la Asamblea Nacional. Ya Carter y Gaviria se habían marchado. La “mediación” -entre chavismo y oposición- de la OEA y el Centro Carter reducida a un estatus de pasajeros en procesos que demostraron -con meridiana claridad- su incapacidad de hacer entender -sobre todo al régimen- la importancia de respetar las leyes electorales. Así las cosas, el 23 de noviembre de ese año ocurrió un hecho poco recogido por los medios internacionales: en una auditoría organizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Fila de Mariches, en presencia de observadores de la OEA y de la Union Europea, un técnico traído por la oposición llamado Leopoldo González conectó su portátil a una de las máquinas de Smartmatic después de una votación ficticia y comenzó a anunciar, en voz alta, “Sr W: Usted voto azul; Sr X: Usted azul, Sr Y: Usted voto rojo; Sr X: Usted...”
Contó un testigo presencial que, cuando estaba el hombre a punto de anunciar cómo había votado el cuarto participante, Jorge Rodríguez - por aquellos tiempos director del presuntamente imparcial CNE - mandó a parar todo e informó abruptamente a observadores internacionales, prensa, representantes de partidos políticos y demás presentes que la auditoría había concluido. Lo revelado no era poca cosa: el secreto del voto estaba comprometido en Venezuela. Lo acababa de demostrar un experto en computación. Eso llevó a los partidos políticos venezolanos a cometer lo que muchos expertos -a posteriori- han considerado desde entonces un suicidio político: abandonar el juego y retirarse en masa de la contienda electoral. El resultado era de esperar: una asamblea roja, rojita, totalmente controlada por Chávez, obtenida con el voto de menos del 15% del electorado. Algo habrán de escribir los historiadores al respecto. Un golpe magistral, sin duda.
Ese mismo año, meses antes de que el CNE cometiese la torpeza de permitir a un técnico independiente hurgar las entrañas de las maquinitas de lotería de Smartmatic convertidas en el “mejor sistema electoral del mundo”, sucedió otro evento de similar importancia. El CNE contrató al Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) para hacer una auditoría del Registro Electoral Permanente (REP), cuyos números eran sospechosos, según la oposición, de haber sido inflados con votantes como Arturo Cubillas y Rodrigo Granda. Poco se supo de la metodología utilizada por CAPEL, aun cuando se esperaba que el método “de registro al campo, y del campo al registro” (mediante el cual las direcciones e identidades de un número representativo de electores inscritos en el REP serían revisadas y corroboradas) fuese utilizado. El CAPEL escogió de forma aleatoria unos 12.000 registros del REP y pidió la data correspondiente al CNE, el cual nunca la entregó. Cables de la Embajada de los EEUU en Caracas publicados por Wikileaks dan cuenta de que el mismo encargado de CAPEL, Ricardo Valverde, admitía en privado que el REP estaba demasiado viciado, es decir, no servía para ser utilizado en elecciones.
Venezuela arrastra esos dos muertos desde el 2005, aparte de aquél del referendo revocatorio de 2004, cuando a ningún observador se le permitió la entrada a la sala de totalización del CNE. Por mucho que chavismo y oposición - más chavismo que oposición - griten a los cuatro vientos que el país tiene el mejor sistema electoral del mundo, la realidad es irrefutable: ni las maquinas de Smartmatic ni el REP han sido debidamente auditados desde, al menos, 2005. Y, cuando se auditaron, los resultados expusieron la poca fiabilidad del sistema. El informe de los observadores de la misma Union Europea afirmó que el código fuente de las máquinas era propiedad del CNE y que, por “razones comerciales”, no estaba disponible a escrutinio público. Y, por ello, ninguna auditoría independiente había sido realizada a ninguna de las partes del sistema electrónico de votación. Más claro imposible.
Desde aquel entonces, a la oposición no se le permite auditar ni el sistema ni el REP, ni se le permite designar expertos independientes que realicen dicha tarea. La oposición no tiene ni voz ni voto a la hora de imponer métodos de auditoría. Las auditorías que lleva a cabo el CNE son a puerta cerrada. En un país donde es prácticamente imposible mantener algo en secreto, nadie ha visto, ni ha escuchado, ni ha presenciado las auditorías que algunos líderes de la MUD irresponsablemente afirman que han sucedido. Los medios no son bienvenidos, los observadores internacionales tampoco y los representantes de la sociedad civil, ni hablar. ¿Cómo puede llamársele a eso “el mejor sistema electoral del mundo”? ¿Cómo puede explicarse que en algunas parroquias el chavismo obtiene -tradicionalmente- el 99% de los votos? ¿Cómo puede reconciliarse la llamada al voto con la denuncia de fraude y un renovado llamado al voto, como ha hecho Henrique Capriles en menos de un año? ¿Es fiable el sistema o no? ¿Es fraudulento o no?
Curiosamente, las denuncias de fraude y/o irregularidades han aparecido en todos los procesos electorales -desde Bolivia pasando por los EEUU hasta Filipinas- en los que ha participado Smartmatic, la empresa de maletín que salió de la nada a garantizarle la estadía en el poder a Chávez. Por otro lado, donde aún se vota manualmente en Venezuela, como las universidades, el chavismo no ha logrado replicar en 15 años ni una de sus “victorias electorales”.
Este cangrejo tiene varias explicaciones. La primera: una oposición comprometida solamente con preservar espacios y con ningún poder político real difícilmente puede obligar a un régimen que lo controla todo a aceptar condiciones electorales, muy a pesar de lo que diga la ley. La segunda: una oposición cuyos líderes subsisten de las dádivas de empresarios conocidos como “banqueros de Chávez” difícilmente va a alterar el status quo. La tercera: una oposición dispuesta a mentirle al electorado, con toda desfachatez, sobre asuntos tan relevantes como la transparencia y la fiabilidad del sistema electoral y sus resultados, mal puede representar el deseo de millones de venezolanos que desean fervientemente ver el fin de la “robolución” chavista. Y la cuarta: una oposición incapaz de movilizar a sus seguidores para el resguardo y salvaguarda de los votos a nivel nacional, nunca logrará el poder político para imponer condiciones (de vuelta al primer punto).
Vienen nuevas elecciones municipales en Venezuela, que se celebrarán el 8 de diciembre. Los resultados serán, como lo son siempre, los que al chavismo le venga en gana. Tirarán un mendrugo por aquí y otro por allá. Se darán el lujo de “conceder” una docena de alcaldías y algo más de concejales pero que nadie se engañe: lo que hay en Venezuela es un cangrejo electoral. Por mucha contorsión argumentativa del líder de la oposición - que si hay fraude hoy, que si no lo hay mañana- nadie puede negar la absoluta parcialidad del árbitro electoral. Nadie puede objetar la falta de auditorías serias, independientes, como las que se llevan a cabo en democracia. Nadie puede desmentir el más grosero y evidente abuso de cuanto recurso del Estado haga falta para favorecer al partido de Gobierno. Y en esas condiciones, votarán los venezolanos otra vez, y quién sabe cuantas más.
