Fernando Mantilla y Antonio Elizalde Pulley: intermediarios en corrupción en Ecuador

El poder que ha acumulado un grupo de operadores políticos del gobierno de Rafael Correa va desde negociar el Banco del Pacífico de Panamá y Miami, obtener excelentes comisiones por contratar seguros con el estado, hasta hacer arreglos por una millonaria sentencia. Y dentro de este privilegiado grupo se destacan dos nombres: Fernando Mantilla y Antonio Elizalde Pulley. “Sólo para ratificar lo acordado hace unos minutos te pido me contestes con tu ‘aprobado’ las cifras pactadas, una vez pagados los valores pendientes por Senagua: US 500.000 netos transferidos a mi cuenta o a quien delegue como comisión de agente…”, dice una de las comunicaciones interceptadas, que sirve como prueba de los oscuros manejos.

Para comenzar, Fernando Mantilla, ecuatoriano de 53 años de edad, no ocupa ningún cargo en la función pública y actualmente es presidente del Deportivo Quito, un equipo de fútbol ahogado en deudas económicas. Está acusado de desfalcar una de las empresas de seguros más reconocidas del Ecuador. Es el puente entre el poder político y los grandes negocios. Paradójicamente, Mantilla tiene imagen de empresario exitoso. Al no ocupar cargo dentro del gobierno, no se lo relaciona con los oscuros manejos de la administración de Rafael Correa. Su etapa de mayor relieve fue cuando dirigió Seguros Colonial, una de las aseguradoras más grandes del país. Llegó a dicha firma el 11 de mayo del 2006, cuando lo nombraron presidente ejecutivo. El período establecido para ocupar ese cargo fue de tres años.

Por su aparente buen manejo, la Junta de Accionistas de Seguros Colonial lo reeligió dos veces consecutivas. La primera el 24 de marzo del 2009 y la segunda el 04 de enero del 2012. Sin embargo, aquí comenzaron sus problemas. Serias denuncias al interior de esta empresa derivaron en su renuncia. Se despidió del cargo el 07 de junio del 2012. Inmediatamente, la aseguradora nombró como reemplazo a Diego Sosa, quien hizo una minuciosa auditoría. Lo más grave que encontró Sosa, fueron millonarios desvíos de dinero a cuentas particulares. Seguros Colonial interpuso una demanda en contra de Mantilla, la cual fue recibida el 31 de enero de este año, por el Juzgado Décimo de lo Civil de Pichincha.

En su parte medular, la demanda precisa que en el 2006 Mantilla abrió una cuenta en el Helm Bank de Estados Unidos, a nombre de Seguros Colonial. Esta cuenta nunca fue registrada en la contabilidad de la empresa, por lo que sus movimientos no tuvieron sustento o autorización de los accionistas. Pero el tema no termina allí. Seguros Colonial contabilizó que sólo desde el 2010, el desfalco a través de esa cuenta alcanzó los 6.977.871 dólares, ese dinero fue transferido supuestamente en beneficio de empleados de la propia empresa pero fue a parar a terceros que no tenían relación con ésta. Según la denuncia, se encontró que Mantilla había entregado garantías de dinero en efectivo a personas o empresas que no tenían relación alguna con Seguros Colonial. El caso más ilustrativo era precisamente el del club Deportivo Quito, uno de los mayores beneficiarios de esta irregularidad.

Por estas y otras anomalías, la empresa cifró en 20 millones de dólares el perjuicio ocasionado. El caso se ventila en la justicia ecuatoriana. No obstante, hay otros hechos que rodean a este personaje.

En el reportaje anterior, quedó claro que Mantilla es un activo operador para la venta del Pacific National Bank, entidad financiera ubicada en Miami, Florida, propiedad del estado ecuatoriano. Dicho proceso de venta ha sido seriamente cuestionado por las constantes irregularidades. Pero lo que no se conocía es que Mantilla también gestiona la venta de la oficina del Banco del Pacífico en Panamá, en coordinación con Mercedes Ríos de Elizalde y Camilo Samán, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y extesorero y amigo de Rafael Correa.

Pruebas al canto. El 20 de junio de este año, Mercedes Ríos de Elizalde escribió una carta a Mantilla, en la cual le advirtió sobre un hecho clave en las negociaciones por la oficina de Panamá.

“Apreciado Fernando: Cúmpleme por la presente someter a su consideración la CARTA DE INTENCIÓN NO VINCULANTE (sic) emitida por CREDICORP BANK S.A. (sic) institución bancaria domiciliada en Panamá, en la que manifiestan su interés por comprar los ACTIVOS Y PASIVOS DEL BANCO DEL PACÍFICO S.A. (Panamá). Agradeceré solicitar a la CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (sic) la autorización escrita a fin de implementar la materialización de la DEBIDA DILIGENCIA (sic)”.

La respuesta de Mantilla se produjo sólo minutos después: “Hola Mercedes, gracias, la voy a imprimir y se la voy a entregar a Camilo Samán”.

Camilo Samán, como presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), es el funcionario gubernamental encargado de manejar el Banco del Pacífico de Panamá. Este poder lo tiene desde que Rafael Correa transfirió sus acciones al organismo que él dirige. Dicho de otra manera, Correa dio el poder a su amigo Samán de decidir el futuro de esta institución financiera.

La carta de Credicorp Bank a la que hace referencia Mercedes Ríos de Elizalde, tiene fecha 20 de junio de este año y está firmada por Francisco Dawson Allen y Juan Ramón Quintero, ambos panameños y representantes de dicha institución. En el documento, los ejecutivos de Credicorp Bank explican que “requerimos información fundamental de la empresa para poder realizar un estudio de valoración y verificación (Debida diligencia) y recabar toda la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso de la posible compra de los ACTIVOS Y PASIVOS del BANCO DEL PACÍFICO (PANAMÁ) S.A.”.

Casi una semana después, llega la respuesta para Mercedes Ríos de Elizalde. El 26 de junio pasado, Mantilla le escribió:

“Hola Mercedes, ayer me comentó Camilo que el directorio del Banco Pacífico Panamá responderá al Credicorp que no vende los activos y pasivos, únicamente que vende todo el banco. Hay que ingresar la otra carta urge (sic). Abrazos, Fernando”.

Mantilla es el puente entre Mercedes Ríos de Elizalde y Camilo Samán. Quedan en evidencia las buenas relaciones. Como se dijo antes, Mantilla no ocupa ningún cargo en la entidad dirigida por Samán y ni siquiera es funcionario público. Sin embargo, su buena racha en los negocios se refleja en sus tributaciones al estado ecuatoriano. De pagar menos de seis mil dólares en el 2007, hasta pagar más de cien mil el año pasado, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador (foto izq.).

Por otra parte, el Credicorp Bank es la institución que está gestionando la creación de un fideicomiso en Panamá, para la construcción del estadio del Deportivo Quito, con la ayuda de Germánico Maya, otro viejo conocido del gobierno de Correa, operador de Pedro Delgado Campaña, primo del mandatario ecuatoriano, actualmente prófugo de la justicia.

Pero los buenos contactos de Mantilla no terminan allí. Por ejemplo, con Pedro Solines, actual Superintendente de Bancos y Seguros del Ecuador, la comunicación es muy cordial.

“Espero que estés bien y que las últimas ayudas te hayan servido” inicia una carta de Solines dirigida hacia Mantilla, con fecha 08 de junio de este año. En la misma, el funcionario le menciona que en la última sesión de gabinete de ministros del gobierno de Correa, hubo un tema preocupante. Según afirma Solines, el Ministro del Interior pidió explicaciones a su par de Energía, sobre un informe de Contraloría que señala la falta de reaseguros en una hidroeléctrica, tema considerado muy grave, susceptible de sanciones. Solines le sugirió hablar con el Ministro del Interior, dadas las buenas relaciones entre ambos.

En otra carta, que lleva como asunto “Noticias CONFIDENCIAL Gabinete Hidroeléctricas”, escrita por Ricardo Villagómez y dirigida hacia Mantilla, con copia para Juan Manuel Vela y Paúl Reyes, dice lo siguiente: “Fer: ya tengo los pliegos. Los reviso hoy y les paso mañana corregido a JM y PR. Me confirmaron el aumento. Sólo deben hablar contigo el lunes sobre las condiciones antes de entregarles los pliegos corregidos. Ya te coordino reunión con el ministro. Un abrazo”.

Ricardo Villagómez es el principal directivo de la empresa InterRe, una intermediaria privada de reaseguradoras. Juan Manuel Vela es el operador de Samán en este tipo de negocios. En tanto que Paúl Reyes es gerente de Seguros Sucre, la aseguradora estatal más grande del Ecuador, que tiene a su cargo las cuentas más importantes del sector público y que está bajo control de Camilo Samán, a través de la CFN.

Existen negociaciones similares de Mantilla y su equipo de operadores, en otras entidades estatales, como la aerolínea estatal Tame. En la próxima entrega de esta serie saldrán a la vista esos contactos.

Mientras tanto, en el caso del abogado Antonio Elizalde Pulley, también hay asuntos candentes. Es el esposo de Mercedes Ríos y, según lo demuestran varios correos electrónicos, socio de Fernando Mantilla en el negocio de asegurar entidades del estado ecuatoriano. Pero como jurista también estuvo vinculado a un caso polémico. Fue el encargado de defender a un grupo de más de mil trabajadores jubilados de una empresa cementera, a pesar de haber sido antes abogado de esa misma empresa.

Este caso inicia a finales de los años 80, cuando en Ecuador se dictó una regulación especial para los trabajadores de la empresa estatal Cemento Nacional, según la cual era obligatorio separar el equivalente a dos centavos de dólar por cada kilo de cemento comercializado. El objetivo era crear un fondo para la jubilación de estas personas. Al cabo de algunos años, Cemento Nacional fue vendida a una filial de la multinacional suiza Holcim, la cual heredó dicha obligación. Sin embargo, para inicios de la década del 2000, más de mil empleados retirados vieron que la empresa nunca cumplió con su obligación. Por este motivo, se agruparon e interpusieron una demanda contra la multinacional, como sucesora de la empresa estatal Cemento Nacional.

Esta demanda evolucionó en todas las instancias judiciales del Ecuador y fue ganada en junio del 2010. La sentencia fue emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, máxima instancia jurídica del país. En la misma, se obligaba a Holcim a cancelar más de 89 millones de dólares a sus extrabajadores. Pero lo insólito es que esta sentencia fue revocada dos años más tarde, por la misma Corte Constitucional. Los jueces Patricio Pazmiño, Ruht Seni y Alfonso Luz Yúnez cambiaron de criterio y decidieron que la empresa cancele únicamente 47 millones de dólares, es decir, una rebaja de más de 36 millones.

La explicación a este cambio fue buscada por los propios trabajadores jubilados. Una grabación magnetofónica de una reunión mantenida entre ellos y el abogado que patrocinó su demanda, Antonio Elizalde Pulley, dejó a la vista detalles desconocidos. Se trata de una grabación de una hora y media de duración. En el minuto 20, Elizalde asegura que Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional, le habría dicho: “me tienes que llevar el maletín, ya tú sabes lleno de qué (…) quiero en efectivo…”. En el minuto siguiente, los trabajadores jubilados le dicen a Elizalde: “seamos sinceros Antonio, Patricio Pazmiño ha recibido dinero de ambos lados (…) ¿cuánto le dieron? Seamos sinceros…”. A lo que éste responde: “cientos de miles (…) el proyecto lo pasé hace año y medio, el proyecto de fallo estuvo listo hace cuatro meses…”.

Los trabajadores contrataron los servicios de Elizalde Pulley, guiados por sus buenos contactos políticos. No obstante, antes había defendido los intereses de Holcim. El fallo finalmente perjudicó a los trabajadores jubilados. Nunca hubo explicaciones de parte del jurista que, al parecer, les había prometido una sentencia favorable. Hubo dinero de por medio, como se puede saber gracias a la grabación. Este tema se encuentra en conocimiento de Rafael Correa. El 30 de julio de este año, el asambleísta de oposición Cléver Jiménez envió una carta al mandatario, dándole a conocer este tema y pidiendo se inicien las investigaciones. Jiménez tiene la grabación en su poder. Este legislador es considerado un enemigo del gobierno de Correa, quien lo acusó de injurias en un juicio. Jiménez ya recibió sentencia de año y medio de cárcel, la cual apeló y sigue ventilándose en la justicia ecuatoriana.

Pero no es la única vez en que la Corte Constitucional en el Ecuador se ve involucrada en actos de corrupción. Ya hace un par de años apareció un cheque a favor del secretario de este organismo, que habría sido producto de una coima por una sentencia a favor de la mayor cervecería del Ecuador. En esa ocasión fue medio millón de dólares el valor que percibiera por la negociación.

En lo que tiene que ver con el tema seguros, el abogado Elizalde Pulley es uno de los mayores operadores políticos. De nuevo, las pruebas son contundentes.

El 05 de junio de este año, Elizalde Pulley escribió una comunicación a Mantilla. “Mi querido Fernando, te adjunto un cuadro con los valores del Programa de Seguros de la Senagua. Los valores pendientes son los que aparecen a la derecha marcados con color rojo, los que sumados ascienden a $2.737.743,70 sin incluir el IVA”.

La Senagua es la Secretaría Nacional del Agua, entidad estatal ecuatoriana encargada de todo lo relacionado con los proyectos y centrales hidroeléctricas del Ecuador. Por ende, se encarga también de la contratación de sus seguros.

La carta continúa manifestando: “Sólo para ratificar lo acordado hace unos minutos te pido me contestes con tu ‘aprobado’ las cifras pactadas, una vez pagados los valores pendientes por Senagua: US 500.000 netos transferidos a mi cuenta o a quien delegue como comisión de agente; US. 50.000 netos transferidos a cuenta de Guido Jalil o quien delegue por intermediación reaseguro; En caso de que la prima se pague en 2 partes iguales, (creo que no será así pero por siacaso), las comisiones acordadas se pagarán en 2 partes también. Un abrazo y, en espera de tu confirmación, suscribo, Antonio”.

Quedan a la vista las excelentes comisiones obtenidas por este abogado que, al igual que Mantilla, no ocupa cargo alguno en el gobierno de Rafael Correa. También queda en evidencia uno de sus socios: Guido Jalil Perna, bróker de seguros y padre de Guido Jalil Ripalda, político que se vende como opositor al gobierno y que fue candidato a asambleísta por el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) en las últimas elecciones en Ecuador. Cabe destacar que Antonio Elizalde Pulley es tío de Abdalá Bucaram Pulley, actual director de ese mismo partido.

En el siguiente episodio de esta entrega, se conocerán detalles de los negocios en la aerolínea estatal Tame y otros contratos relacionados con centrales hidroeléctricas. También se sabrá quién es Juan Manuel Vela, hombre fuerte de los negocios de seguros, vinculado a Camilo Samán. Además demostraremos que los seguros contratados a través de estas negociaciones no cuentan con los respectivos reaseguros, pero si cuentan con la solapada complacencia y ceguera del Superintendente de Bancos y Seguros, el dilecto amigo Pedro Solines, funcionario designado por el presidente Rafael Correa.