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Hace unos días, nos sorprendíamos con las revelaciones de los nexos que existen entre los narcoterroristas de las FARC y el régimen de Hugo Chavez, hechas por el representante de Colombia en sesión extraordinaria de la OEA. Entre los que vemos las cosas desde la barrera, hubo toda clase de opiniones: desde condenar a Uribe por haber hecho publica tal información, hasta llamarlo hipócrita, por no haberlo hecho con anterioridad.
La reciente reunión entre los presidentes Santos y Chavez en Santa Marta, y las subsiguientes declaraciones y acuerdos, llevan a la conclusión que las relaciones colombo-venezolanas seguirán enmarcadas en la más absoluta hipocresía, por ambas partes. Del lado venezolano, vemos como Hugo Chavez pasa del discurso de la guerra, al tono conciliador en cuestión de una semana. El gobierno de Colombia por su lado, pasa de la más extrema indignación por la presencia de las FARC en territorio venezolano, demostrada por su embajador ante la OEA quien incluso exigió la formación de una comisión internacional de verificación, a las palabras de la nueva canciller Maria Angela Holguin, quien sin imputarse acaba de afirmar que su gobierno no espera ningún tipo de verificación internacional por las denuncias hechas por la administración de Uribe.
El meollo de todo esto sigue siendo el comercio bilateral. El discurso pro, o anti FARC, no es más que una carta que ambos gobiernos usan para avanzar sus intereses. En el interim, los miles de colombianos y venezolanos, en ambos lados de la frontera, que sufren en carne propia las consecuencias de tan irresponsable política, siguen a la merced del narcoterrorismo. Tal parece que la existencia misma de las FARC, y su libertad de continuar con el tráfico de droga en la región con todo los problemas que esto genera, tiene un costo ya acordado por Colombia y Venezuela: 7.000 millones de dólares de comercio bilateral. Es decir, los gobiernos de la dupla Uribe/Santos y Chavez están bien dispuestos a hacerse la vista gorda ante los desplazados, las vidas, el sufrimiento, las miles de familias e individuos afectados, mientras el flujo bilateral se mantenga en el orden de los 7.000 millones de dólares. Cuando esa cifra disminuye, vemos rompimiento de relaciones, amenazas de guerra, demandas ante cortes internacionales, histrionismo en organismos multilaterales, etc. Cuando la promesa de restablecerla es acordada, vemos como, en tan sólo unas horas, todos olvidan el asunto de las FARC.
Chavez sigue atacando la democracia colombiana, sigue minando la mera existencia de las instituciones de ese país. Y el gobierno de Colombia lo permite, por 7.000 millones de dólares, ¿o acaso alguien puede tomar seriamente los llamados a abandonar la lucha armada hecho por Chavez a las FARC, cuando ni siquiera ha ordenado una investigación ante la denuncias de la presencia de las mismas en Venezuela? Si el deseo de Chavez fuese sincero, habríamos visto a Ivan Marquez y a Piedad Cordoba en Miraflores otra vez. ¿El deseo de Colombia? Ese ya lo tenemos claro: que su sector empresarial siga beneficiándose de la ineptitud chavista. Como diría Chavez: "mientras los gobiernos andan de cumbre en cumbre, los pueblos andan de abismo en abismo."
